miércoles, 12 de mayo de 2010







LOS MEDIOS DE DIFUSION Y LA REFORMA ADMINISTRATIVA DE 1976



Cuando las principales firmas mundiales en el ramo eléctrico invaden el nuevo mercado de la radiodifusión encuentran en México un obstáculo: la ley callista de comunicaciones eléctricas prohíbe a los extranjeros obtener conseciones para instalar estaciones emisoras. Su mercado de aparatos receptores hace entonces un compás de espera, hasta que un elemento nacional obtiene el permiso para continuar con una línea publicitaria instaurada en los Estados Unidos.

La hegemonía del capital privado en la radiodifusión y la coyuntura política en que esta industria surge, han desembocado en la creencia generalizada de que las funciones de radio y televisión son informar, entretener y divertir, como indica la fuerza de la costumbre desde hace medio siglo.

Al asumir la presidencia de la republica, el lic. López Portillo encuentra que los medios de información masiva audiovisuales están distribuidos en seis secretarias de estado:


1.- Gobernación: encargada de vigilar el contenido de las transmisiones comerciales.

2.- comunicaciones y transportes: autorizada para otorgar conseciones a particulares y difundir las transmisiones gubernamentales.

3.- hacienda y crédito publico: dedicada a cobrar diversos impuestos a los conse
cionarios.

4.- educación publica: capacitada para extender certificados de aptitud a locutores, para manejar las escuelas radiofónicas, el canal 11 y radio educación.

5.- salubridad y asistencia: dedicada a autorizar la propaganda comercial y a participar.

6.- trabajo y previsión social: como productora de programas de televisi
ón a través del consejo nacional de cultura y recreación para los trabajadores.
A escasos meses del inicio del gobierno de José López Portillo es precipitado asegurar que la función formal asignada a los medios en la reforma administrativa se llevara a cabo en la practica durante los próximos seis años.

En la ley que regula la reorganización de la administración publica federal, encontramos cuatro secretarías de estado relacionadas con los medios de información masiva. Dos de ellas ejerciendo funciones de control y las dos restantes con una participación secundaria.

Entre las primeras, se encuentran la secretaria de gobernación, encargada de vigilar el contenido de las transmisiones y de administrar las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al ejecutivo federal, así como de encausar las relaciones de las entidades paraestatales correspondientes con el poder ejecutivo.
Aparece la secretaria de programación y presupuesto, elegida para controlar y vigilar financiera y administrativamente la operación de los organismos descentralizados, institucionales, corporaciones y empresas que manejen, posean y exploten bienes y recursos naturales de la nación.

Es un hecho que el contenido de los mencionados medios dista mucho de tener una relación con los objetos de la educación formal, ya que esta determinado por las necesidades mercantiles de grupos industriales o financieros, que ya sea como emisores, anunciantes o publicistas, determinan la calidad de los mensajes trasmitidos.

El 21 de abril de 1977 se le retiro a la secretaria de educación publica la facultad de examinar las publicaciones y revistas ilustradas para declarar su licitud o ilicitud a través de una comisión calificadora que hoy controla la secretaria de gobernación.

A la secretaria de comunicaciones y transportes se le había confiado tradicionalmente los medios masivos audiovisuales. Ahora tras la reforma administrativa, se le asigna únicamente el aspecto técnico de las emisoras y el otorgamiento de conseciones y permisos.
El año de 1960 se inicia con una buena nueva para los industriales de radio y televisión: existe ya una ley federal diseñada a su gusto. Se constata con esto el proyecto al aborto del proyecto gubernamental inicial, que pretendió restringir los privilegios del monopolio radiofónico y televisivo.

Esta ley federal, subsiste en el primer año de del gobierno de lic. López Portillo y garantiza plenamente el carácter comercial de la radiodifusión mexicana.

A partir de 1970 el estado se propone consolidar, junto con el grupo alemanista y el de monterrey, un monopolio cultural. Por otra parte es visible que la rama publicitaria, sostén de las industrias de radio y televisión, el país es un magnifico proveedor de ganancias para las corporaciones globales que manejan, entre otras cosas, agencias de publicidad, lo que se traduce en una desinvercion interna y en una discordancia con los requerimientos internos de acumulación. Para evitar esto se elaboraron una serie de proyectos para manejar estatalmente la publicidad de las empresas gubernamentales criticados por la empresa privada.

El gobierno de Echeverría se enfrenta a las necesidades de readecuar la actuación política de empresarios nacionales y extranjeros, de agudizar las formas de control político para con las clases trabajadoras y de ampliar su base social de apoyo interno.
En este proceso los medios de información masiva juegan un papel relevante desde la campaña presidencial, en que se inicia una investigación critica al papel que han jugado radio y televisión en la sociedad mexicana.

Se gestan las primeras emisiones estatales. Surgen programas diferentes, con personalidad propia. Se comienza a hacer efectivo el tiempo fiscal; el estado diseña programas especiales a insertar en el tiempo de las estaciones privadas.

En agosto de 1975la secretaria de trabajo y previsión social se lanzo la convocatoria para la celebración de la convención del contrato ley de la rama industrial de radio y televisión.
Con el contrato ley se establece una uniformidad en las condiciones de trabajo de toda la industria radiofónica nacional.

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